El Senado analiza modificar el artículo 207 del Código de la Niñez y Adolescencia para ampliar las penas a menores infractores.
En entrevista con La Tribuna, el senador José Oviedo y el abogado Manuel Riera exponen visiones contrapuestas sobre el alcance de la reforma penal juvenil en Paraguay.
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Proyecto de ley busca aumentar penas a menores infractores
El senador José Oviedo explicó en entrevista para La Tribuna que el propósito esencial del proyecto es “proteger a la sociedad de los menores infractores” mediante un sistema penal que contemple penas de hasta veinte años.
Según el legislador, el Código de la Niñez y Adolescencia permite la responsabilidad penal a partir de los 14 años, y el proyecto modifica únicamente el artículo 207, que actualmente establece condenas de entre seis meses y ocho años.
El nuevo rango será de seis meses a veinte años, dejando a criterio del tribunal la aplicación de atenuantes o agravantes. El senador aclaró que no se modifican los procedimientos previstos ni los principios de los tratados internacionales.
“Solo modificamos un artículo. No cambia el procedimiento establecido para el menor infractor, conforme a nuestros compromisos internacionales. No hacemos distinciones subjetivas entre delitos graves”. explicó.
Protección y reinserción: dos objetivos simultáneos
El senador señaló que el proyecto asume un enfoque doble. “El objetivo principal es proteger a la sociedad”, remarcó. Según él, los menores infractores actúan con “una energía criminal elevada” al cometer el hecho.
Pero también citó el artículo 20 de la Constitución, que exige programas estatales que faciliten la “reencausación y posterior reinserción” de los condenados. Oviedo insistió en que el proyecto no omite la dimensión rehabilitadora, la reinserción es fundamental, y debe incluir especial atención del Estado durante la reclusión.
Caso María Fernanda: punto de partida del debate
La propuesta se originó tras el asesinato de María Fernanda Benítez, de 17 años, presuntamente a manos de otro menor también de 17 años. Oviedo subrayó que los crímenes especialmente graves como este justifican la creación de herramientas que permitan penas mayores.
También sostuvo que las sanciones más elevadas podrían disuadir a jóvenes reclutados por organizaciones criminales, conscientes de la baja punibilidad actual.
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Perspectiva jurídica crítica: segundo punto de mira
El abogado Manuel Riera, expresidente del Colegio de Abogados por su parte, calificó la iniciativa como una respuesta simplista y reactiva. Según él, la reforma responde más a la presión mediática tras hechos notorios como el caso de los repartidores o el de la niña embarazada que al análisis profundo de las causas del delito juvenil.
“Es demasiado simple. Las penas más grandes no aseguran el cumplimiento. Descuida una realidad compleja”.
Propuso un enfoque integral que incluya prevención, acción proactiva y acompañamiento comunitario.
Enfatizó que lo preventivo exige la participación del Estado a través de educación, niñez, mujer y ministraciones locales. Durante los delitos, propuso facilitar denuncias, protección anónima y seguridad comunitaria. Y después, apostó por una justicia efectiva y transparente, para evitar sensación de impunidad y reacciones de violencia privada.
Datos, tecnología y evaluación de impacto
El abogado insistió en la necesidad de basar las políticas en datos estadísticos, denuncias, historiales y análisis constante. “Si aumentamos penas, hay que medir resultados. Si no disminuye la violencia, la política fue ineficiente”, dijo.
Planteó un enfoque que integre información de policía, fiscalías y comisarías en un sistema coordinado.
Debate en curso y próximos pasos
El proyecto recibió apoyo de varias bancadas en la sesión pasada y ahora se encuentra en estudio técnico en comisiones, donde se recopilan pareceres institucionales. Oviedo destacó que el proyecto no se quedará solo en el ámbito represivo.
“Hay varios proyectos que pueden ayudar con la cura del tejido social, desde transporte hasta familia”.
Mientras, Riera advirtió nuevamente que la solución no puede ser solo elevar penas: “Es una solución reduccionista, el tema es complejo, hay que involucrar a todos los sectores”. Y subrayó que el debate debe incluir mecanismos preventivos, participativos y evaluativos.
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