La Fiscalía presentó acusación contra exsenador argentino por contrabando de divisas. El hecho ocurrió el 4 de diciembre de 2024. Se trata del senador, Edgardo Darío Kuieder. En la acusación también figura su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa.
El agente fiscal Ysrael Villalba Ramírez, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Área X (Alto Paraná), presentó la acusación contra ambos y pidió que el caso se lleve a juicio oral.
La agente fiscal acusa a las dos personas por contrabando, previsto en el artículo 336, inciso b) de la Ley N.º 2422/04 (Código Aduanero), con las modificaciones introducidas por la Ley N.º 6417/19, en concordancia con la imputación admitida por el juzgado y las demás disposiciones legales, informó el Ministerio Público.
El contrabando fue devisas fue detectado el 4 de diciembre de 2024, aproximadamente a la 01:30, cuando el personal de la Armada Paraguaya, funcionarios aduaneros y agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional realizaron una intervención en la Zona Primaria de la Aduana del Puente de la Amistad.
Durante el procedimiento, fue incautado un vehículo Chevrolet con matrícula argentina, en cuyo interior se hallaron importantes sumas de dinero en efectivo que no fueron declaradas conforme a las exigencias legales: USD 211.102, Gs. 640.000 y ARS 3.900.000, indicó la Fiscalía.
La Fiscalía presentó acusación: No declaró en la Aduana
De acuerdo con la investigación, la pareja transportaba dichos valores sin realizar la declaración correspondiente ante la Dirección Nacional de Aduanas, lo que configura una infracción al régimen legal vigente en materia aduanera.
En el marco de la causa, también fueron retenidos documentos y se dispuso la verificación del vehículo y el análisis técnico de las evidencias colectadas.
La pena se conocerá después
La acusación fue acompañada de numerosas pruebas, entre ellas declaraciones de funcionarios intervinientes y actas administrativas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Gerencia General de Aduanas.
El Ministerio Público solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público y la admisión de todas las pruebas ofrecidas, reservándose la aplicación de la pena correspondiente en la etapa procesal oportuna.