La nueva ley para la construcción de infraestructura será útil, pero también riesgosa, critica economista. La ley N° 7452/2025, promulgada en enero pasado por el presidente, Santiago Peña, modificó el régimen de la Alianza Público Privada (APP), por cuyo sistema se regían las construcciones viales u otro tipo de obras.
El economista, Amilcar Ferreira, opinó al respecto. Dijo que la nueva ley introduce mayor participación del Estado en los riesgos. El tope de aporte estatal pasó del 10% al 25% del valor del proyecto, recordó.
El especialista se prepara para presentar su análisis en la Feria Constructecnia 2025, que se desarrollará desde el miércoles 21 al domingo 25 de mayo en las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo.
No obstante, Ferreira adelantó un aspecto de su trabajo. Señaló que una de las principales modificaciones de la nueva ley es la ampliación de los límites de los “pasivos contingentes”, que son compromisos presupuestarios que asume el Estado ante eventuales incumplimientos de los actores privados en los proyectos de APP, explicó.
Como ejemplo, dijo que «el sector privado pone la inversión y el sector público aporta garantías para el flujo. Vale decir, se hace una proyección del flujo de caja del proyecto y el Estado, en el caso de que ese flujo no se cumpla, otorga garantías y entra a cubrir ese déficit”.
Detalló que un caso típico sería una ruta construida y explotada bajo la modalidad de APP, en donde la empresa concesionada recaude en peajes menos de lo previsto. En ese escenario, el Estado cubriría la diferencia —es decir, el pasivo contingente— con recursos del fondo fiduciario previsto por la ley para estos casos.
La nueva ley para la construcción: Más aporte estatal
El especialista señaló otras flexibilidades que la nueva legislación abre. La nueva normativa eleva la participación pública en las obras mediante APP.
«El tope del aporte estatal pasó del 10% al 25% del valor del proyecto, lo que incrementará también los llamados pagos firmes: desembolsos que el Estado se compromete a realizar de forma incondicional, definidos en cada contrato de APP», explicó.
Podría comprometer la sostenibilidad fiscal
Ferreira explicó que en términos presupuestarios, los compromisos asumidos y el gasto público se expanden notablemente. El límite acumulado para pagos firmes y pasivos contingentes se duplica, pasando del 2% al 4% del PIB, indicó.
A su vez, el tope anual aumenta del 0,4% al 0,8% del PIB. Esto implica una mayor exposición en el Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) a obligaciones financieras, tanto directas como eventuales, lo que podría comprometer la sostenibilidad fiscal, advirtió el especialista.
