El Ministerio Público imputó a tres personas por una presunta estafa a colonos menonitas de la colonia Río Verde, en San Pedro, en el marco de un esquema fraudulento que habría causado un perjuicio económico de aproximadamente USD 1.600.000.
Entre los implicados se encuentran José Ljubetic, Ilsa Paredes y William Roberto Bogarín. Para Ljubetic, de 73 años, la Fiscalía solicitó arresto domiciliario debido a su edad, mientras que para Paredes y Bogarín pidió prisión preventiva.
El caso está relacionado con la supuesta compra de 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco, que nunca se concretó. Según las investigaciones, los acusados habrían utilizado documentos falsos y argumentos legales fraudulentos para captar el dinero de las víctimas.
Los hermanos Bernardo, Herman y David Friesen Neufeld presentaron la denuncia contra los implicados, señalando que fueron engañados con la promesa de adquirir tierras que presuntamente pertenecían al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
Durante el operativo, encabezado por el fiscal José Alberto Godoy y el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, se realizaron allanamientos en Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, y Lambaré, donde se detuvo a los tres imputados.
José Ljubetic, quien se presenta como abogado, no está habilitado para ejercer la profesión en Paraguay, según las autoridades. Ilsa Paredes, otra abogada detenida, habría firmado los documentos relacionados con las transacciones fraudulentas.
William Roberto Bogarín, quien hasta ayer era director general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados, fue destituido de su cargo tras su detención. Las investigaciones señalan que su posición pudo haber facilitado los trámites fraudulentos.
La Fiscalía informó que la maniobra incluyó la creación de expedientes judiciales falsos, uso de influencias políticas y la presentación de coordenadas y fotografías ficticias de las supuestas tierras. Además, confirmó que las tierras no pertenecen al INDERT, como se había hecho creer a las víctimas.
Las diligencias continúan con el objetivo de identificar a más personas implicadas en este caso, que inició en 2017 y que dejó a los colonos menonitas sin las tierras prometidas y con un importante daño patrimonial.
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