Editorial

Paraguay aparece como uno de los países sudamericanos más convenientes para visitar y hasta para emigrar. Eso es desde...

Esta confirmado que el Gobierno hace aproximadamente ocho días sabía la presencia del embajador de EE.UU, Marc Ostfield, a la sede gubernativa. Dicha circunstancia se aprovechó para la publicación que buscaba vincular al hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia con el extraditado Kassem Hijazi. Las esquirlas, en secuelas, tenían como objeto al propio titular de la CSJ y a la fiscala general del Estado, cuyo reemplazante es prioridad para el Gobierno. De acuerdo a nuestra fuente, la coincidencia entre la nota de prensa y la visita del funcionario fue ideada por la asesora del presidente Abdo Benítez, la venezolana Verioska Velazco.

El gobierno de los Estados Unidos, nuevamente, firmó públicamente su interés y compromiso de lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Paraguay. ¡Vaya mensaje que dejó instalado: En la propia sede gubernativa, el embajador Marc Ostfield, informó que hay una recompensa de US$ cinco millones "por informaciones que conduzcan a la detención y/o condena de los responsables del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci".

Si apuntamos que la ciudadanía no pasa bien como merece en la democracia iniciada en 1989, entonces la crítica debe darse sobre los gobiernos colorados, que monopolizaron el poder desde ese tiempo. Sin embargo, la mirada equilibrada hará ver la responsabilidad también de la oposición, que fue incapaz de articular un plan creíble de alternancia. La vez que llegó al Palacio de Gobierno fue gracias a la figura de Fernando Lugo, a quien la misma oposición le truncó luego la posibilidad de concluir su mandato de cinco años.

Como si fuera poco el interés del Palacio de Gobierno por la conformación de la terna para Fiscalía General del Estado, se suma la incidencia de las internas del Partido Colorado, ya en el inicio del proceso de selección. Sólo esas dos condiciones obligan a reflexionar si están dadas las condiciones para asegurar una nueva cabeza del Ministerio Público que responda a la ciudadanía y sea capaz de ignorar a los caciques partidarios.

Últimamente, los llamados que se hacen vía liderazgo de la presidencia del Congreso parecen más medidas dilatorias, en algunos casos, de distracciones, en otras. Hasta hay una sensación que son jugadas pensadas con el mismo Ejecutivo para llevar determinados contenidos al olvido. Incluso se puede suponer que fueron acciones hasta cómplices, porque existieron motivos muy graves, donde las convocatorias del Senado no sirvieron absolutamente para nada.

El Ministerio Público está constitucionalmente llamado a ser representante de la sociedad en el sistema judicial (Art. 266 CN), en la investigación y persecución de delitos y crímenes, con el objetivo superior de lograr la seguridad de las personas, la protección de sus patrimonios y lograr la paz social. Suena muy rimbombante, pero es el alto propósito de la existencia de esta institución en la República. Suena grande, pero la realidad nos ha mostrado a lo largo de años, de décadas, cuán lejos de tales objetivos se ha venido ejerciendo la tarea desde el Ministerio Público, cuya responsabilidad principal está en la Fiscalía General del Estado.

Observando el horizonte se perciben cinco años con un escenario conocido. Por un lado, si continúa el gobierno colorado, con cualquiera de los movimientos hoy en pugna, hay margen de poca modificación de la realidad. Si triunfa la Concertación con Alegre a la cabeza, aunque éste tiene el estigma de la derrota, la ingobernabilidad está a la vuelta de la esquina por la división que ya tiene dentro del PLRA y el quiebre en dos del sector de la izquierda.

La forma transparente de iniciar un nuevo tiempo en el Paraguay es asegurando la absoluta prescindencia del nuevo fiscal general de Estado de la clase política. Es el paso primario que se tiene que dar para proyectar alguna cierta tranquilidad que habrá eficaz rendición de cuentas en el quinquenio 2023/2028, que guste o no comienza con la evaluación de la gestión del gobernante que deja el Palacio de Gobierno el próximo 15 de agosto

El Instituto de Previsión Social es información siempre por lo mismo desde hace años: Magro servicio y deudas. Sin embargo, poco se habla que detrás de los ruidos mediáticos también hay factores de porcentajes que juegan su partido. Una pugna de varios sectores es por su fondo de jubilación, un tremendo dineral (US$ 2.400 millones) que cualquier entidad bancaria o grupo privado lo querrá manejar, que ya se inicia por la atracción de los intereses que reporta.