La Corte Suprema de Justicia habilitó al juez Umberto Otazú para fijar audiencia a Miguel Prieto en juicio sobre compras durante la pandemia. Este caso estaba trabado porque Prieto apeló una resolución de un Tribunal de Apelación. Ahora la Corte rechaza esa apelación por improcedente.
Prieto está procesado por lesión de confianza por la compra de 25.000 cestas básicas de alimentos durante la pandemia del Covid-19. Según los antecedentes, Prieto ordenó la compra de esos alimentos para gente de escasos recursos, por la vía de excepción.
Sin embargo, la Fiscalía acusó de que hubo desvío de fondos en el proceso de compra. Prieto recusó al juez de primera instancia. Esto se resolvió en un Tribunal de Apelación. Prieto apeló la resolución y ahora la Corte dice que eso no corresponde, porque es ilegal.
Lo que el Tribunal de Apelación resuelva en recusación no se puede recurrir ante la Corte, firmaron los ministros de la Sala Penal, César Garay, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Giménez Rolón, quienes intervinieron en el estudio del expediente.
“La Sala Penal carece de atribuciones jurídicas para entender en un recurso de apelación general. Sostener lo contrario abriría la puerta a planteos dilatorios e inconducentes que carecen de sustento legal”, manifestó el ministro, César Garay, en su voto.
Corte habilitó al juez Umberto Otazú: Seguirá con el caso Prieto
Ahora, el ex intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, deberá enfrentar la audiencia preliminar sobre la acusación de la Fiscalía en su contra. Según la Fiscalía, en el mencionado proceso de compra hubo un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, al principio. Luego el monto se elevó a G. 2.130.036.160.
Las cifras se deberán demostrar en el juicio. La Fiscalía también acusa de que los productos adquiridos no se correspondían con los precios de mercado. En consecuencia, esto configuraría un desvío de fondos públicos, dice el acta presentada ante el Juzgado correspondiente.
