El interventor Carlos Pereira advirtió que 3.000 funcionarios sin funciones justificadas no cobrarán salario. La Comuna enfrenta deudas impagas y riesgo de colapso en servicios esenciales.
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Según el interventor Carlos Pereira, al menos 3.000 funcionarios no cuentan con funciones definidas ni justificadas. Anunció que se suspenderán los pagos a quienes no registren asistencia ni puedan acreditar sus tareas mediante documentación firmada por sus superiores.
Aunque no tiene potestad para despidos, el interventor explicó que se aplicarán medidas para frenar lo que describió como una estructura sobredimensionada que absorbe los ingresos sin retorno en productividad.
La falta de recursos ya impacta en la operatividad de la Comuna. El suministro de combustibles, para la recolección de residuos y mantenimiento de calles, está garantizado solo hasta el fin de semana.
Apenas 16 camiones recolectores estaban operativos durante el último fin de semana, con la meta de alcanzar 30 tras reparaciones urgentes.
También hay escasez de materiales como asfalto, cemento y emulsión, lo que ralentiza las tareas de bacheo urbano.
Presentarán informe detallado sobre supuesto desvío de fondos
Pereira adelantó que próximamente presentará un informe detallado sobre el destino de los G. 500.000 millones emitidos en bonos durante la administración de Óscar Rodríguez.
Los fondos, inicialmente destinados a obras públicas, habrían sido utilizados para otros fines. El análisis incluye 123 biblioratos con extractos bancarios y cheques que no fueron entregados a la Contraloría General en su momento.
Riesgo de default y daño a la imagen país
La Municipalidad enfrenta una crisis financiera por el vencimiento simultáneo de deudas con bancos, intereses de bonos y la caja de jubilados. El interventor informó que ya se incumplieron tres vencimientos por un total de G. 50.000 millones y que esta semana vence otra cuota de más de G. 3.000 millones.
Pereira indicó que están en negociaciones con tres entidades bancarias para reestructurar los pasivos y evitar una cesación de pagos. Advirtió que si se declara el default, Paraguay podría ser incluido en listas internacionales de incumplimiento, afectando su reputación financiera global.
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