El proyecto de ley busca obligar a las empresas de telefonía a entregar datos de geolocalización en tiempo real o en un máximo de dos horas tras la solicitud judicial o policial.
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Proyecto plantea uso inmediato de geolocalización
En lo que va del año, la Policía Nacional recibió más de 900 denuncias por desaparición de personas en Paraguay, según datos del Departamento de Búsqueda y Localización.
Lucía Ávalos, subjefa de la unidad, informó a la prensa que el grupo más afectado corresponde a adolescentes, quienes en muchos casos abandonan sus hogares por conflictos familiares. De los casos reportados hasta el cierre de mayo de 2025, 420 personas fueron localizadas con vida, el resto continúa pendiente de resolución.
El diputado Saúl González Rojas presentó un proyecto de ley que busca establecer un protocolo especial para la búsqueda de personas desaparecidas mediante herramientas digitales.
La iniciativa establece que las empresas públicas y privadas de telefonía celular deberán proporcionar datos de geolocalización y triangulación de antenas “en forma inmediata”, o en un plazo máximo de dos horas a partir de la solicitud.
La propuesta responde a reiteradas denuncias sobre demoras por parte de las compañías telefónicas, lo que entorpece los operativos de búsqueda. “Los familiares reciben con frecuencia la explicación de que las telefónicas no entregan a tiempo la información requerida”, señala el documento presentado por el legislador.
¿Las telefónicas pueden dar datos sin orden judicial?
El proyecto designa al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional como la instancia responsable de activar el protocolo de localización. Además, la Fiscalía General de la República podrá gestionar directamente la solicitud judicial cuando la Policía no actúe de inmediato.
En esos casos, se aplicará el mecanismo del “anticipo jurisdiccional de pruebas” para obtener legalmente los datos requeridos.
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Empresas deberán adecuar sus sistemas
La normativa también impone a las empresas telefónicas la obligación de adaptar su infraestructura técnica para cumplir con los plazos establecidos. El diputado González Rojas justifica esta exigencia señalando que existen servicios de geolocalización en tiempo real aplicados a automóviles, lo que demostraría la viabilidad técnica del proyecto.
La fundamentación del documento legislativo se apoya en el artículo de la Constitución Nacional que establece la protección de la vida humana como un bien supremo. Según el autor del proyecto, este principio refuerza la urgencia de dotar al Estado de mecanismos tecnológicos eficaces para responder a los casos de desapariciones.
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