Fiscalía acusó a ex director financiero de la Municipalidad, a la esposa, a la secretaria y a la madre de la misma. Estos soportan cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Wilfrido Cáceres es el ex director financiero; Ruth Da Silva es su esposa, Camila Ramírez Gómez es la secretaria y Elvira Gómez de Ramírez es la madre de esta última.
La acusación presentó la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, a cargo de los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y Luis Piñánez García. Estos agentes pidieron que al juez de turno que abra el juicio oral contra los acusados.
La razón de la acusación son los hechos relacionados con la construcción de una lujosa mansión en plena pandemia y un ascenso económico meteórico sin justificación.
La Fiscalía informó que la investigación fiscal abarcó el periodo comprendido entre los años 2016 y 2023, y permitió establecer que el matrimonio conformado por Cáceres y su cónyuge Ruth Jazmín Da Silva Almirón registró un vertiginoso e injustificado incremento patrimonial.
A pesar de haber percibido ingresos legales por un total de G. 3.126 millones, realizaron adquisiciones e inversiones por más de G. 3.927 millones, presentando un desfasaje patrimonial no sustentado que, tras excluir operaciones simuladas, asciende a 1.016 millones de guaraníes, informó la Fiscalía.
Fiscalía acusó a exdirector: Basado en informes técnicos
El análisis patrimonial y financiero, basado en informes técnicos de la Contraloría General de la República y el Departamento de Análisis e Investigación Económica del Ministerio Público, concluyó los siguientes:
«El patrimonio adquirido por los acusados –que incluye lujosas viviendas, vehículos de alta gama y mobiliario por un valor global de G. 7.764 millones– fue obtenido con recursos de origen ilícito, que posteriormente habrían sido legitimados mediante maniobras de ocultamiento y simulación de transferencias de bienes a terceras personas».
Hubo cesión simulada de inmuebles
Entre las principales operativas detectadas se encuentra la cesión simulada de inmuebles a una asistente odontológica de la acusada, y a la madre de ésta; ambas sin capacidad económica demostrada, con el fin de frustrar el eventual comiso de los bienes y ocultar su titularidad real, dice el informe del Ministerio Público.
El Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la elevación de la causa a juicio oral y público, por la existencia de elementos probatorios suficientes que sustentan la participación penalmente relevante de los acusados. Afirma que la conducta atenta gravemente contra la función pública, la transparencia administrativa y el sistema de prevención de lavado de activos en el país.
