La Fiscalía se constituyó en la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en el marco de la investigación por la supuesta estafa a colonos menonitas de la colonia Río Verde, en el departamento de San Pedro.
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La causa involucra al exfuncionario de la Cámara de Diputados, Willian Bogarín, y a otros presuntos implicados en un esquema fraudulento de venta de tierras. Durante la diligencia, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, entregó documentos clave a la Fiscalía para esclarecer el caso.
Resultado de la reunión entre Indert y Fiscalía
El fiscal José Godoy encabezó el procedimiento con el objetivo de recopilar pruebas y determinar la participación de otros posibles responsables. Según explicó, la institución facilitará toda la información disponible sobre las operaciones realizadas en años anteriores.
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En la reunión, se estableció una mesa de trabajo para analizar expedientes y reconstruir documentos extraviados.
El Presidente del Indert reveló que las irregularidades detectadas en la compra de tierras se remontan a administraciones anteriores y que, en un caso específico, funcionarios recomendaron continuar verificaciones en propiedades que ya contaban con títulos privados, lo que habría facilitado la estafa.
Antecedentes de la supuesta estafa a colonos
La investigación se inició tras la denuncia de los hermanos Bernardo, Herman y David Friessen Neufeld, quienes afirmaron haber sido engañados desde el 2017 en la compra de 8.000 hectáreas en el Chaco.
La Fiscalía imputó a Willian Bogarín, la abogada Ilsa Paredes y el abogado José Ljubetic, quien obtuvo arresto domiciliario debido a su edad. Se estima que el supuesto esquema logró juntar alrededor de USD 1.600.000 mediante documentos fraudulentos y promesas de venta de tierras que nunca se concretaron.
La Fiscalía informó que continúa la trazabilidad del dinero involucrado en la estafa y solicitó informes bancarios sobre los movimientos financieros de los implicados.
Además, se están analizando pagos en efectivo y transferencias relacionadas con la supuesta compra de tierras.
Las autoridades aseguran que seguirán recabando información para determinar responsabilidades y ampliar la investigación si es necesario.
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