Presentan proyecto de ley para modificar cálculo de salario mínimo. Reformar el Índice de precios del Consumidor (IPC), y hacer que este considere el Índice de Costo de la Canasta Básica Familiar.
Esta es la propuesta de los proyectistas, los senadores Juan Carlos Galavera (h) y Lizarella Valiente, ambos del sector oficialista. Proponen modificar el Código de Trabajo en lo concerniente al salario mínimo.
Ambos legisladores especificaron que el Índice de Costo de la Canasta Básica Familiar se deberá hacerlo con promedio de los últimos 5 años, pero ajustado por la inflación y la evolución del salario mínimo real.
Los proyectistas sostienen que el Índice de Precios al Consumidor, que se usa actualmente para definir el salario mínimo, no considera los servicios digitales como parte del consumo diario de la gente, y deben tenerse en cuenta, como los nuevos gastos normales de las personas.
Según los mencionados legisladores, los ajustes salariales basados en el IPC, en el sistema actual, no logran compensar la inflación real, y perpetúan las condiciones de precariedad y desigualdad.
Presentan proyecto de ley: Reforma del IPC
En consecuencia, proponen una reforma estructural del IPC. Explican que el IPC debe actualizar periódicamente la canasta básica; incorporar nuevos bienes y servicios esenciales y ampliar la cobertura geográfica.
El IPC también debe ajustar las ponderaciones según el gasto real de los hogares, dar mayor peso a rubros críticos yestablecer una metodología transparente y participativa, con insumos de sectores académicos, empresariales y sindicales.
INE y Observatorio Laboral, al Conasam
Los proyectistas proponen que el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo integren el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), que es el organismo asesor del Poder Ejecutivo para fijar un nuevo salario mínimo.
Explicaron que «actualmente, el Consejo Nacional de Salario Mínimo opera como un espacio de negociación tripartito (Gobierno, empleadores y trabajadores), pero carece de un soporte técnico permanente que garantice decisiones basadas en datos actualizados y análisis socioeconómicos rigurosos».