Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó al Estado paraguayo la condena en su contra en el caso del asesinato del periodista, Santiago Leguizamón. Ahora le notifica para defenderse en otro caso. Se trata de la denuncia realizada por Jorge López Sosa contra el Estado paraguayo por detención ilegal, tortura y violación tanto a las garantías judiciales, como a la protección judicial.
La Corte IDH citó para el 27 de enero a una audiencia pública al representante legal del Estado Paraguayo (la Procuraduría General de la República), al denunciante y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que actúa de órgano acusador. Los citados deben dar su versión sobre el hecho.
La denuncia se refiere a hechos ocurridos en el año 2000 durante la Presidencia de Luis González Macchi. Jorge López Sosa era policía. Tenía el grado de oficial inspector. Había mucha revuelta en ese tiempo. Hubo intento fallido de golpe de Estado. Fue detenido durante el estado de excepción durante el Gobierno de González Macchi.
En ese contexto, López Sosa fue convocado a la Comandancia de la Policía Nacional en mayo del 2000. Luego fue asignado a la Comisaría 11ª donde fue despojado de su arma reglamentaria, esposado, vendado, golpeado e interrogado sobre el intento de golpe de Estado contra González Macchi. Le dijeron que la orden venía de Walter Bower (ex ministro del Interior).
Ya hay acusación
La CIDH, que recibió la denuncia de Sosa, consideró que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos en este caso y concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos de esa convención para prevenir y sancionar la tortura.
En su resolución, la Corte IDH dice que resulta pertinente y necesario para este Tribunal escuchar el testimonio del señor López Sosa, toda vez que el caso se refiere, según lo indicado por la Comisión, a la alegada responsabilidad del Estado por la detención ilegal, tortura, y violación a las garantías judiciales y a la protección judicial que habría sufrido y, por tanto, su declaración puede ser útil para la resolución del caso.
Así también consideró importante que esté presente el representante del Estado paraguayo y la CIDH. «Convocar al Estado de Paraguay, al representante y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública que se celebrará de manera virtual el día 27 de
enero de 2023, a partir de las 07:30 horas de Costa Rica, durante el 155° Período Ordinario de Sesiones, para recibir sus alegatos y observaciones finales orales, respectivamente, sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas», dice otra parte de la resolución de la Corte IDH.
