El Ministerio de Justicia informó que avanza el proceso para dotar de uniformes a agentes penitenciarios y personas privadas de libertad, en el marco del nuevo modelo de gestión carcelaria.
El ministro Rodrigo Nicora, explicó que la adquisición se canaliza mediante cooperación internacional, a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), con financiación de la Itaipú Binacional.
Aclaró que la cartera de Justicia no participa del proceso licitatorio y que actúa únicamente como beneficiaria. El primer llamado fue anulado por incumplimientos en la entrega, y actualmente está en marcha un segundo proceso, con una estimación de entrega en un mes y medio.
Uniformes adaptados a riesgos operativos y estándares internacionales
Los uniformes solicitados para los agentes incluyen tela no inflamable, doble costura y otras características técnicas diseñadas para reducir riesgos en caso de motines, incendios u otros incidentes dentro del sistema penitenciario.
Las especificaciones fueron definidas en conjunto entre la cartera de Justicia y la UNOPS, que cuentan con experiencia en este tipo de proyectos penitenciarios.
“La seguridad depende también de la ropa adecuada que utilicen nuestros funcionarios”, indicó Nicora. Estos uniformes forman parte de un conjunto de herramientas esenciales para el desempeño diario de los agentes en los centros penitenciarios del país, dentro del marco del nuevo enfoque institucional.
Modelo de uniformes por colores según el perfil
El proyecto contempla también la implementación de uniformes diferenciados por colores para las personas privadas de libertad, ya vigente en la penitenciaría de Minga Guazú. En ese establecimiento, las personas con perfiles comunes visten de amarillo, mientras que los internos de mayor peligrosidad utilizan uniformes rojos. Este esquema, según el ministro, permite un mayor orden y control dentro del penal.
El proyecto de provisión de uniformes está en ejecución desde hace más de dos años, como parte de una política de Estado para modernizar el sistema penitenciario. Desde el Ministerio de Justicia señalaron que, pese a otras necesidades estructurales como la falta de infraestructura, este tipo de avances forman parte de una hoja de ruta trazada para transformar el modelo carcelario.
En Minga Guazú, el 100% de los internos trabaja en empresas privadas instaladas dentro del penal. Estas firmas pagan sus salarios a través de cuentas bancarias habilitadas en convenio con el Banco Nacional de Fomento, lo que garantiza transparencia y evita el uso de efectivo.
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Extensión del modelo a Emboscada y Lote 1
El ministro destacó que los testimonios recogidos de internos muestran satisfacción con las condiciones actuales “Nos dijeron con lágrimas en los ojos que ahora tienen un lugar digno, limpio y ordenado”, expresó.
El Ministerio proyecta extender este modelo a otros centros como Martín Mendoza en Emboscada y Lote 1, con capacidad total de 3.700 plazas.
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