La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió y aceptó la renuncia del juez de Paz de Lambaré, José Segundo Velázquez, tras descubrir que inhibió 2.872 casos de manera irregular, muchos después de dictar sentencia. El patrón coincide con esquemas de la llamada ‘mafia de pagarés’, lo que reactiva las críticas a la transparencia judicial.
CSJ acepta renuncia tras denuncia por miles de inhibiciones
El ministro Eugenio Jiménez Rolón, solicitó una auditoría y presentó un informe sobre las irregularidades contra Velázquez, señalando que el magistrado se inhibió de 2.872 expedientes, muchos de ellos después de haber dictado sentencia, lo que implica una actuación extemporánea e irregular.
Según Jiménez, esta conducta no es una simple casualidad, ya que una misma abogada estuvo involucrada en todos los casos y los derivó sistemáticamente al Juzgado de Paz de Lambaré.
La jueza de Paz de Lambaré, Martha Benítez, no impugnó las inhibiciones dispuestas, a pesar de la cantidad y particularidad de los casos. Esta inacción motivó la intervención del Poder Judicial.
La Corte remite los casos al JEM y al Ministerio Público
Ante la gravedad de los hechos, la Corte resolvió suspender a ambos jueces y remitir sus antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para que se determinen eventuales sanciones o destituciones.
Además de los jueces, se ordenó la suspensión de tres funcionarios judiciales presuntamente involucrados en las maniobras: Ariel Paniagua Alonso, Hugo Molinas Duré y Ana Osorio de Blanco. Las autoridades sometieron a todos ellos a sumarios administrativos y enviaron sus antecedentes al Ministerio Público para eventuales investigaciones penales.
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Auditoría detectó irregularidades similares a la mafia de los pagarés
La Dirección de Auditoría de Gestión del Poder Judicial detectó irregularidades en 2.872 expedientes, derivados a juzgados de Lambaré. En varios casos, tras avanzadas etapas procesales, incluyendo sentencias, se registraron recusaciones sin expresión de causa, seguidas de inhibiciones judiciales consideradas extemporáneas e improcedentes.
Además, se constataron notificaciones emitidas con la misma fecha y hora, pero en lugares distintos. Todas las causas terminaron bajo la jurisdicción de una misma profesional.
Este caso forma parte de la mafia de los pagarés y reactiva los cuestionamientos sobre la transparencia del sistema judicial en nuestro país, especialmente en casos vinculados al cobro de pagarés y al rol de ciertos estudios jurídicos.
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