Los parlamentarios destituidos sufrieron la aplicación de una herramienta jurídica rebuscada que no figura en la carta magna nacional, afirmó Victor Bogado, ex parlamentario quien fuera destituido por sus pares de la Cámara de Senadores el 13 de mayo de 2019.
De este modo, las bancadas mayoritarias utilizaron el artículo de tráfico de influencias como un garrote político circunstancial en el senado.
Frente a este escenario, los sectores de la prensa corporativa defienden las posturas de acuerdo con sus propios intereses editoriales de turno, afirmó el ex parlamentario.
Al respecto, mencionó que las decisiones de expulsión previas generaron un efecto boomerang que hoy asusta a los propios impulsores de las destituciones.
Falta de garantías constitucionales en los procesos políticos de destitución
Bogado denunció la total ausencia de un juicio reglamentario al momento de su salida de la cámara alta.
Bajo estas condiciones, las autoridades del congreso nacional validaron un procedimiento irregular contando con la firma de apenas dos senadores.
Por lo tanto, la normativa interna exige un piso mínimo del 25 por ciento de rúbricas para dar curso al pedido formal.
Sobre este punto, las agrupaciones partidarias tradicionales ignoraron las formalidades legales ejecutando un juicio político directo sin derecho a la defensa.
Estas declaraciones de corte político institucional fueron vertidas por el entrevistado en El programa ese por La Tribu 650 AM.
Antecedentes históricos de suspensiones parlamentarias desde el periodo de Lugo
Las pujas de poder institucional registraron sus primeros antecedentes graves tras las elecciones generales del año 2008 en el país.
Con este propósito, las mesas directivas legislativas impidieron el juramento regular de senadores electos que contaban con fallos judiciales plenamente favorables.
Por otra parte, la mayoría parlamentaria de turno decretó la suspensión de legisladores por 60 días sin animarse a aplicar la pérdida de investidura.
En este sentido, las chicanerias de los pares dejaron abierta una herramienta peligrosa que terminó afectando a los diferentes sectores políticos nacionales.
Acciones legales presentadas y cuestionamientos al criterio de los ministros
El exsenador colorado recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2021 tras los rechazos a su caso.
Por esta razón, los mecanismos judiciales internacionales analizan la demanda estatal que cumplirá cinco años de proceso en el periodo entrante.
Paralelamente, los fallos de la corte suprema local evidencian contradicciones severas en los votos de los ministros de la sala constitucional.
En consecuencia, los analistas del derecho consideran que los cambios de postura en casos similares representan hechos de prevaricato en la magistratura.
<b>El carácter netamente político</b> sobre los argumentos penales en el senado
Las expulsiones de parlamentarios colorados y de la oposición se consolidaron mediante acuerdos de votos sin analizar la materia penal de fondo.
A partir de ahí, los promotores de las destituciones aplaudieron los ceses y publicaron libros justificando las decisiones de las bancadas mayoritarias.
Por el contrario, las resoluciones recientes de la corte suprema de justicia ratificaron la vigencia de las mayorías simples en el congreso.
Así las cosas, los referentes de la política real concluyen que la pérdida de investidura constituye simplemente un gesto de castigo sectorial directo.