El senador Erico Galeano recusó a los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, lo que provocó la suspensión del juicio oral y público en su contra. La defensa del legislador promovió la medida, afirmando que perdió la confianza en la objetividad de los agentes del Ministerio Público, a quienes acusa de actuar con parcialidad y de haber solicitado medidas cautelares excesivas en su contra.
El senador Erico Galeano declaró sentirse perjudicado en su honor y reputación, y reiteró que cuenta con elementos documentales para sostener su inocencia.
Rechazó que la recusación del equipo fiscal responda a una estrategia dilatoria, y argumentó que busca garantías de imparcialidad y respeto al debido proceso en el marco de la causa que enfrenta
Acusa a Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak de parcialidad y abuso de poder
En el escrito de recusación, se argumenta que las actuaciones de los fiscales Corbeta y Pak han comprometido gravemente los criterios de objetividad exigidos por el Código Procesal Penal, especialmente desde que solicitaron prisión preventiva, el bloqueo de cuentas bancarias y el embargo de bienes del senador.
Además, se cuestionan expresiones públicas de Corbeta, quien en entrevistas afirmó que, de no ser legislador, Galeano estaría recluido.
La defensa afirmó que los agentes del Ministerio Público violan el principio de presunción de inocencia y contradicen las declaraciones del fiscal general Emiliano Rolón, quien destacó que nadie puede detener a un legislador mientras ejerce funciones, salvo en caso de flagrancia.
Inmunidad parlamentaria y Código Procesal Penal
La recusación se ampara en el artículo 57 inciso B del Código Procesal Penal, que permite apartar a fiscales cuando existen circunstancias que comprometan su objetividad. El proceso contra Galeano se originó por publicaciones periodísticas que lo vinculan a supuestos hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en el marco de la causa A Ultranza PY.
Juristas consultados señalaron que el artículo 191 de la Constitución Nacional otorga inmunidad de detención a los legisladores, salvo que sean sorprendidos cometiendo un delito. Aun en ese caso, la reclusión debe realizarse en el domicilio del legislador, no en una penitenciaría común.
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Proyecto «antichicanas» vuelve al debate por este caso
La suspensión de la audiencia también reavivó el debate sobre el uso de recusaciones como maniobras dilatorias en procesos contra políticos. Se recordó el proyecto de ley «antichicanas» promovido por el ministro de la Corte, Alberto Martínez Simón, que proponía sanciones económicas y profesionales para los abogados que obstaculicen indebidamente la justicia.
Aunque dicho proyecto no prosperó, el caso Galeano vuelve a invitar a volver a debatir sobre reformas urgentes en el sistema judicial.
El juicio queda en pausa hasta que se resuelva la recusación de los fiscales solicitados por la defensa, lo que podría demorar aún más el avance del proceso judicial contra el senador.
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